TECATE.- Hace 33 años, México amaneció con la noticia de una tragedia sin precedentes: Una serie de explosiones en la terminal de almacenamiento de gas licuado de petróleo (L.P.) que Pemex tenía en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, habían arrasado a dicho poblado, dejando un saldo de 600 muertos y 2,000 heridos.
Aquel 19 de noviembre de 1984, los estallidos fueron tan intensos que se registraron el sismógrafo ubicado en la UNAM, a 30 kilómetros de la dantesca escena.
El pueblo conocido popularmente como ‘San Juanico’ vivió un infierno de cinco horas y media, donde el fuego extinguió, al instante, todo rastro de vida en los 300 metros más próximos a la terminal.
Sumado a lo anterior, quienes buscaban escapar fueron quemados por una lluvia de gotas incandescentes de gas LP, mientras aquellos que se encontraban más lejos y buscaron refugio en sus casas, fallecieron cuando 12 tanques estallaron, volando por los aires, como misiles, a una distancia de hasta 1.2 kilómetros de la planta, cayendo sobre las viviendas.
La terminal se edificó de acuerdo con los códigos de seguridad estadounidenses del American Petroleum Institute e, incluso, muchos equipos se trajeron desde la vecina nación. Pero eso de nada sirvió.
Tal escenario podría repetirse en Tecate, pues la empresa Rivera Gas busca construir una terminal de almacenamiento y distribución con capacidad de 750 mil litros, en el “Pueblo Mágico”, presionando a las autoridades estatales y municipales para que les otorguen los permisos que, hasta ahora, se han negado a darles.
El depósito que Hidrocarburos del Noroeste S.A. de C.V., razón social de Rivera Gas, pretende construir, es gigantesco, pues abarca una extensión de 20 mil metros cuadrados. Eso significa que será 7 mil metros cuadrados más grande que la de ‘San Juanico’.
Tomando en cuenta los efectos del accidente de San Juan Ixhuatepec, ello implicaría que, en caso de una explosión en la planta que Rivera Gas construye, perecerían al instante, totalmente calcinados, los conductores que fuesen circulando en ese momento tanto por la carretera federal libre no. 2, como por la de cuota, debido a su cercanía en ese punto.
Además, tanto la lluvia de gas L.P. incandescente como los tanques de almacenamiento podrían caer en sitios como Rancho La Puerta, la tienda de conveniencia ‘Six’ que se ubica a un costado, la universidad privada INIDE, así como el salón social de la sección 2 del SNTE, por lo cual, las víctimas de un potencial accidente en las instalaciones de Rivera Gas ascenderían a cientos.
Hasta ahora, tanto el ayuntamiento de Tecate como la secretaría de Protección al Ambiente han negado los permisos necesarios a Rivera Gas para que se instale, pero la empresa busca presionar con una estrategia mediática, que incluye la rocambolesca acusación de que el síndico procurador tecatense, Gerardo Manuel Sosa Minakata, hijo del actual secretario de Seguridad Pública del Estado, de igual nombre y apellidos Sosa Olachea, les pidió un millón de pesos a cambio de darles la venía de las autoridades municipales.
Aunque la empresa ha mandado publicar notas en los periֶódicos de Grupo Healy -cuyos dueños son sonorenses, igual que los dueños de Rivera Gas-, denostando a Sosa Minakata con los referidos señalamientos, hasta ahora no han levantado una sola denuncia contra el funcionario.
Hace unos días, Rivera Gas sumó otro aliado mediático más en California Medios, empresa cuyo dueño, Francisco Javier Fimbres Durazo, fue beneficiado mediante contratos de arrendamiento en la gestión de Daniel De La Rosa Anaya, antecesor de Sosa Olachea en la SSPE.