Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- Abogados integrados al Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes ya trabajan en el documento que enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analice la deuda pública que se aprobó a través de los dictámenes 94 y 95 de la XXII Legislatura pues con esto dejarían a Baja California con 110 mil millones de pesos de deuda lo que imposibilitaría a las próximas 5 administraciones para conseguir financiamiento.
Carlos Atilano Peña presidente del COCI, expuso que además de una visible mala praxis legislativa los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional no hicieron el análisis de lo que jurídicamente implicaría sumar a los 27 mil millones que ya debe el estado, los 84 mil 800 millones que se autorizaron con los decretos referidos.
Explicó que gracias a la Ley Federal de Disciplina Financiera se tiene una nueva herramienta que son los semáforos de deuda en los que Baja California aparece con “alerta amarilla” por lo que en 2018 tendrá un margen (permitido por la SHCP) de endeudarse por un 5 por ciento de sus ingresos totales anualmente, ascendentes a 50 mil 500 millones de pesos, es decir, alrededor de dos mil 500 millones de pesos.
Es por ello que hizo un llamado a los diputados de Baja California para que realicen un “análisis responsable” y apegado a la normatividad Federal que le es aplicable a la Supremacía Jurídica para corregir el error ya que de no hacerlo podrían enfrentar diversas medidas legales que pueden llegar hasta la revocación del mandato, tal y como lo plantea la Ley.
Aseguró que para atender quejas como ésta son atendidas por una comisión legislativa especial en el Congreso de la Unión integrada por diputados y senadores quienes tendrán que analizar si acaso el gobierno de Baja California no esté presentando todos los detalles de la deuda, ya que de hacerlo la SHCP ya hubiera constatado de que los límites están rebasados o por rebasarse.