* Reciben nombramientos y reconocimientos, para combatir la privatización y monopolización del servicio de recolección y tratamiento final de la basura
José Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana, 30/08/18.- El profesor Manuel Rodríguez García, y el licenciado Román Antonio Aboytes Hernández, recibieron nombramiento y reconocimiento del dirigente nacional de la Confederación Nacional de Industriales y Metales y Recicladores, Francisco Urióstegui Pineda, como defensores del gremio de pepenadores de Baja California, y promotores de la protección al ambiente.
En ese sentido, indicaron Manuel Rodríguez y Román Antonio Aboytes, la alianza entre el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) y el Sindicato de pepenadores, se logrará transformar las toneladas de basura en millones de pesos, y beneficiar a las familias que viven de la pepena.
También se fortalecerán como aliados con el reclamo por el mal uso de cuando menos 100 millones de pesos que ha destinado el alcalde Juan Manuel Gastelum para rentar camiones recolectores de basura, alegando urgencia de darle buena cobertura de ese servicio a la población.
En la firma estuvo presente el presidente del COCI, Carlos Atilano Peña, y el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Román Antonio Aboytes, quienes reiteraron su firmeza en seguir denunciando la corrupción gubernamental, e impedir la privatización y monopolización del servicio de recolección y tratamiento final de la basura.
Manuel Rodríguez García, quien encabeza a por lo menos 5 mil pepenadores de Baja California, advierte que no solamente ellos, sino hasta el doble de esa cantidad de trabajadores de la pepena en la entidad, son perjudicados con las políticas privatizadoras de los alcaldes bajacalifornianos.
Recordó que además, hay empresas que presumen darle tratamiento adecuado a los residuos peligrosos, comerciales o industriales, y no es cierto; acaso se cubre el 25% de lo que se produce de escombros, desechos comerciales e industriales, entre otros materiales que son un riesgo de contaminación muy grande.
Por su parte, Román Antonio Aboytes y Carlos Atilano dijeron que esperan una solución pronta del amparo que promovieron contra el gobierno municipal, y en segunda instancia al gobierno estatal: al primero por la corrupción en la renta del servicio de recolección de basura y su tratamiento, y al segundo, por no configurar como delito ese procedimiento.