“NINGUNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DIGITAL DEBE PERDER OPORTUNIDAD DE OBTENER JUSTICIA, SOLO POR TARDAR EN DENUNCIAR”: GLORIA MIRAMONTES

  • El Congreso de Baja California aprobó con 20 votos a favor reformar el artículo 113 Bis del Código Penal, una iniciativa de la diputada Gloria Miramontes que elimina los plazos de prescripción para denunciar delitos de violencia digital cometidos contra menores de edad.

MEXICALI, B.C., A 6 DE JUNIO DE 2026.— El Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el Dictamen número 30 de la Comisión de Justicia, el cual contiene una reforma sustancial al Código Penal del Estado promovida por la diputada Gloria Acelia Miramontes Plantillas. La modificación jurídica establece la imprescriptibilidad de los delitos de violencia digital cuando estos sean perpetrados en contra de niñas, niños, adolescentes o personas que carezcan de la capacidad legal para comprender o resistir la conducta ilícita, blindando el acceso a la justicia penal sin importar el tiempo transcurrido.

La reforma, que modifica formalmente el artículo 113 Bis del marco punitivo estatal, recibió una votación calificada de 20 sufragios a favor, cero en contra y cero abstenciones durante la sesión ordinaria conducida por el órgano legislativo. Al respecto, la diputada inicialista Gloria Miramontes expuso desde la máxima tribuna del estado que las víctimas menores de 18 años y los grupos vulnerables enfrentan severas barreras estructurales, psicológicas y emocionales —tales como el miedo, la manipulación del agresor, la estigmatización y la dependencia económica— que postergan por años la asimilación del daño y la presentación de denuncias formales.

Por su parte, la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, fundamentó en el dictamen que esta actualización legal alinea los criterios locales con las reformas federales vigentes en materia de protección a la infancia y combate al subregistro delictivo. La nueva disposición normativa reconoce de forma explícita el impacto psicológico prolongado de los delitos cibernéticos y mandata a la Fiscalía General del Estado (FGE) mantener vigentes las facultades de persecución y ejercicio de la acción penal de manera indefinida frente a estas conductas, salvaguardando el derecho superior de la niñez bajacaliforniana.