Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhorta a la Secretaría General de Gobierno del Estado que proponga al Gobernador el Anteproyecto de Reglamento de la Ley para las Personas con Discapacidad, que oriente el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el de su capacidad jurídica, bajo el principio de igualdad y no discriminación.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado el 3 de diciembre, la Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera, enfatizó que la inclusión de las personas con discapacidad es un principio de derechos humanos que debe ser respetado y garantizado.
En ese sentido, la Defensoría hace un llamado a todas las personas a continuar trabajando de manera conjunta y comprometida por una plena inclusión y participación de las personas con discapacidad en la sociedad.
Olvera Rodríguez señaló que las personas con discapacidad (PCD) son sujetos de derechos y el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Recordó que algunos de los derechos son a vivir en comunidad; a participar en la vida cultural; a la libertad de expresión y opinión; al trabajo, a formar una familia, a recibir educación; a que se respete su integridad física y mental; a participar en la vida política y pública; a la privacidad; a la no discriminación, entre otros.
La Presidenta de la CEDHBC precisó que uno de los instrumentos internacionales que busca promover la inclusión y la participación, así como la igualdad, respeto y protección a los derechos humanos de las PCD es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), instrumento firmado y ratificado por México. Asimismo, la inclusión y la participación forman parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se encuentran dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, agenda de la que México es parte.
La Titular de la Defensoría señaló que las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia y de violaciones a sus derechos humanos por barreras como la discriminación, por lo cual “debemos eliminar los estereotipos, la discriminación, y toda aquella conducta que propicie la exclusión”.
Asimismo, subrayó que la discapacidad no es una condición individual sino una situación que se construye en sociedad y que debe ser asumida por todas las personas, entendiéndose que la discapacidad se conforma en la interacción entre las deficiencias físicas, sensoriales, psicosociales, intelectuales y las barreras del entorno como la falta de un diseño universal de accesibilidad; las barreras de comunicación; las barreras de información, pero sobre todo la barrera de la discriminación que es una de las problemáticas más grandes que enfrentan.
Por otro lado, indicó que en lo que va de 2017, la CEDHBC ha registrado 91 Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad; mientras que durante 2016 se registraron 54 Quejas y en 2015 5 Quejas.
Apuntó que en este incremento incide que la CEDHBC asumió el mecanismo de supervisión de la CDPD, el cual tiene tres ejes: la promoción, protección y supervisión de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
De igual manera, la Defensoría instaló el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual inició trabajando en los temas de educación, capacidad jurídica, accesibilidad y derecho al trabajo.
Cabe recordar que la CEDHBC emitió en 2016 la Recomendación 11/2016 dirigida al Gobernador del Estado de Baja California con motivo de violaciones a derechos humanos de 25 personas con discapacidad de origen auditivo, entre ellas niñas, niños y adolescentes, por no tomar medidas que garanticen su acceso a la educación.
Asimismo, la Presidenta de la CEDHBC recordó que en mayo de 2016, la CEDHBC exhortó al Gobierno del Estado a designar el Mecanismo de Aplicación de la CDPD, así como a instalar el Sistema Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, atendiendo así lo dispuesto en el Artículo 33 de dicha convención, del Capítulo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Artículo 7 bis de la Ley Estatal para las Personas con Discapacidad.
Para finalizar, la Ombudsperson de Baja California, reiteró el firme compromiso que tiene la Defensoría para impulsar cambios estructurales y las políticas públicas que eliminen las brechas de desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad así como otros grupos que viven en situación de vulnerabilidad, además resaltó la relevancia de trabajar de manera corresponsable por una cultura de respeto a los derechos humanos de todas y de todos.
Cabe mencionar que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y tiene por objeto generar conciencia sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad así como movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.
Amenazas y confusión intencional para proteger a los asesinos del alcalde de Huitzilan de Serdán, Puebla
Como después de 45 días del asesinato de Manuel Hernández Pasión, presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla, la Fiscalía General del estado no daba señales de querer hacer justicia, el Movimiento Antorchista Nacional inició una campaña de prensa para denunciar esa pasividad y exigir castigo a los culpables. Esto desató una catarata de declaraciones deleznables, falsas y contradictorias, que buscan oscurecer la verdad de los hechos y convertir a las víctimas en culpables para favorecer a los verdaderos delincuentes. La primera de estas notas es la aparecida en la cuenta de Facebook “de un humilde ciudadano” llamado Víctor Medrano que, de entrada, afirma: “Los dueños de la mafia antorchista (…) encabezada por su líder vitalicio Aquiles Córdova Morán, en los últimos días y a través de diversos medios han intentado chantajear al gobierno poblano (…) para que detenga a los asesinos de Manuel Hernández Pasión y ponga un alto a la supuesta serie de persecuciones políticas sufridas en su contra” (sic). A pesar de su brevedad y de la modestia del medio que la publica, esta cita está cargada de ominosas amenazas.
Lo primero que hay que subrayar es lo de “mafia antorchista”. Al parecer, es la nueva etiqueta que han inventado los enemigos del antorchismo para insultarlo y denigrarlo, tal vez advertidos ya del desgaste y la ineficacia de sus anteriores engendros mentales: “grupo paramilitar”, “grupo de choque” y “brazo armado del PRI”. Ahora somos, simple y sencillamente, una “mafia”. Pero lo más significativo es la coincidencia del calificativo usado por Medrano con el empleado por Alonso Aco Cortés, uno de los sospechosos del asesinato de Manuel Hernández, quien, en el sainete ridículo que montó en la H. Cámara de Diputados, nos acusó exactamente de lo mismo; nos llamó “mafia” para respaldar su torpe afirmación de que nosotros mismos somos los asesinos del presidente de Huitzilan. No parece que esto sea una simple coincidencia. Lo segundo que llama la atención es la acusación de “chantaje al gobierno poblano” para obligarlo a cumplir con la ley. Esto obliga a preguntarse por qué “un humilde ciudadano” como Medrano se siente obligado a defender al Gobierno ante ciudadanos que solo defienden su elemental derecho a la justicia. ¿No parece esto más bien la actitud propia de un peón mediático contratado por las autoridades para combatir a sus opositores molestos? Lo tercero que destaca es la arbitraria negación de legitimidad de nuestras denuncias de atentados sufridos por antorchistas poblanos en los últimos meses, mismas que permanecen en total impunidad a causa de la pasividad de las autoridades. Es claro que, también aquí, se trata de defender a toda costa lo indefendible, de justificar la inacción de la justicia poblana. Vuelve a ponerse de manifiesto, pues, el carácter de esbirro mediático de Medrano.
Pero el señor va más allá. “… creo firmemente –dice– que los supuestos allanamientos que tanto pregonan estos mesías alados (…) no son sino montajes perpetrados por ellos mismos para hacerse las víctimas…”. Este modo de “razonar” es exactamente el mismo que Alonso Aco viene aplicando, una y otra vez, antes y después del asesinato de Manuel. En efecto, el 12 de enero de 2016, el diario La Jornada de Oriente cabeceó así una nota: “Advierte Comité de Huitzilan que AC podría atentar contra sus propios militantes”; y ya en el cuerpo de la nota, el Comité (que no es más que el taparrabo de Alonso Aco, el cura Martín Hernández y sus incondicionales) dice textualmente: “Por último les decimos, con todo el respeto que se merecen: cuídense mucho, no vaya a ser que alguien de ustedes aparezca por ahí muerto o mal herido para inculpar a otros”. A la luz de los hechos, queda perfectamente clara la intención de este “aviso”: anticipar la coartada de culpar a sus propios compañeros para el momento en que el asesinato de Manuel fuera un hecho. Aquí se podría aplicar aquello de que “adivinar lo que es imposible adivinar es confesar anticipadamente lo que se piensa llevar a cabo”. Y queda claro también, por tanto, lo que persigue Víctor Medrano imitando a Aco: exculpar a los agresores de los antorchistas y a quienes se niegan a aplicar la ley para hacerles justicia.
Para demostrar la “falsedad” de nuestras denuncias, dice Medrano: Segundo, “el domicilio del líder de Texmelucan, por cierto primo hermano del ex diputado federal Lisandro Campos Córdova, sobrino de Aquiles Córdova; (…)”. Tercero y la cereza del pastel “(…), el supuesto allanamiento violento de la casa de Perla Margarita hija de Perseo Córdova y sobrina del dueño de la mafia”. La “refutación”, pues, descansa casi enteramente en hacer público el parentesco de las víctimas (asunto del cual, además, jamás hemos hecho un secreto, puesto que no hay razón para ello) mezclando incluso a personas que nada tienen que ver en el crimen de Manuel, como el ex diputado Lisandro Campos o Perseo y su hija Perla Margarita. Aquí, el “humilde ciudadano” se muestra tan informado como la Fiscalía poblana; y la pregunta forzosa es: ¿cómo le hace? ¿De dónde saca la información que maneja? ¿Se dedica a espiar la vida privada de los ciudadanos? La respuesta parece más bien obvia: es el propio gobierno, a cuyo servicio parece estar Medrano, quien le da las armas para ejercer su oficio. No se trata, pues, de una abusiva exhibición de la vida privada de los Córdova Morán; el alarde debe entenderse como una amenaza: Sépanlo: los tenemos vigilados; lo sabemos todo de ustedes; podemos actuar en su contra cuando lo decidamos.
Termino con Víctor Medrano: su libelo acaba reclamando castigo para los asesinos de Manuel, pero solo como un subterfugio, como punto de apoyo para poder exigir: a) que se investigue y castigue el enriquecimiento ilícito de los antorchistas y sus prestanombres; b) la ordeña de recursos federales de los diputados antorchistas que van a parar a manos de Perseo Córdova, padre de Perla Margarita y hermano de Aquiles; c) las empresas de la familia Córdova Morán que evaden impuestos por millones de pesos; y c) el nexo de los líderes antorchistas con los cárteles del narco y el lavado de dinero. Todo este rosario de infamias sin fundamento tiene, otra vez, el objeto evidente de amenazar a quienes piden justicia; es una manera elíptica de decirles: vean cuántos delitos les podemos prefabricar para hundirlos en la cárcel de por vida si insisten en su demanda de castigo para los asesinos de Manuel Hernández Pasión. Víctor Medrano, pues, es un seudónimo de las fuerzas represivas poblanas.
Después del ataque de Medrano, la Fiscalía poblana declaró a la prensa que tiene identificados a los responsables materiales del asesinato de Manuel, aunque, curiosamente, no da sus nombres completos (ni de la víctima ni de los victimarios), es decir, calla los apellidos con la consabida “N” de dato desconocido. Y, curiosamente también, el comunicado termina pidiendo a quien conozca el paradero de los asesinos, lo “haga del conocimiento del Ministerio Público”. A los dirigentes antorchistas de Puebla les consta de primera mano que nombres completos y paradero de los asesinos eran del pleno conocimiento de las autoridades a las pocas horas de cometido el asesinato; sorprende, por eso, que se hayan tardado tanto en aceptarlo públicamente y de manera incompleta; y sorprende más aún el llamado de auxilio al público, porque es un indicio claro de que alguien dejó escapar a los asesinos o de que se les está dando aviso oportuno para que lo hagan. Sea como fuere, es obvio que el comunicado de la Fiscalía no es justicia, sino un poco de atole con el dedo. Un servicio cierto, sin embargo, presta la información amañada de la Fiscalía: demuestra de forma contundente e irrefutable la falsedad y perversidad de quienes han venido afirmando que al presidente de Huitzilan lo mataron sus propios compañeros antorchistas.
El 29 de noviembre, el portal de noticias diariocambio.com.mx cabeceó: “Antorchistas han presionado para que no se conozcan los asesinos del edil de Huitzilan: Alonso Aco”. Y a continuación: “Se tardaron mucho en dar a conocer los nombres y lo que se teme es que ese tardarse tanto tenga que ver con fabricar chivos expiatorios, sobre todo de los autores intelectuales”. Aco tiene miedo de que las investigaciones pongan al descubierto su papel en el complot que mató a Manuel, y para curarse en salud, se da de bofetadas con los hechos y hasta con sus defensores de paga, como Medrano, quien nos acusa precisamente de lo contrario, de “chantajear al gobierno poblano” para obligarlo a castigar a los asesinos. ¿A quién le creemos? La Jornada de Oriente, a su vez, dijo en la misma fecha que el dar a conocer los nombres de los asesinos es un error de la Fiscalía, ya que “los supuestos delincuentes” podrían argumentar que su exhibición previa es una falta al debido proceso”. ¿Es un consejo anticipado a los asesinos para burlar la ley?
Pero el comunicado de la Fiscalía también dio pie para que varios portales de noticias dieran los nombres completos de los asesinos y señalaran puntualmente su cercano parentesco con Guillermo Lobato Toral, presidente municipal de Zacapoaxtla, Puebla, cosa que la Fiscalía sabía con seguridad a las pocas horas del crimen. Pregunta: ¿es por eso que se ocultaron los apellidos de los asesinos? Porque es claro que, establecida la relación de Lobato Toral con ellos, se está a un paso de conocer a sus cómplices y protectores si la ley se decide a sacudir enérgicamente el árbol completo. ¿A eso le teme el Gobierno poblano? ¿A eso se debe la confusa mezcla de pequeñas verdades y mentiras gigantes y el torrente de declaraciones confusas y contradictorias? ¿Se quiere impedir a toda costa un triunfo moral completo de los antorchistas si se descubre la verdad, y la vergonzosa derrota total de sus calumniadores de hoy y de siempre? Pensando en todo esto, el antorchismo nacional se prepara para una protesta más enérgica y masiva en caso de que sigan las amenazas, la confusión y la falta de voluntad para esclarecer la verdad. Repito que no culpamos arbitraria y caprichosamente a nadie, ni buscamos castigo para nadie al margen de los hechos y pruebas fehacientes que arroje la investigación. Tales actitudes viles y deshumanizadas, bestiales, se las dejamos a quienes están dispuestos a todo con tal de salvaguardar sus intereses inconfesables. Ese no es nuestro caso.