Profr. Ignacio Acosta Montes – Dirigente del Movimiento Antorchista en Baja California y Coordinador del MA en la Región Noroeste.
No es la primera vez que los antorchistas lo sufren, ni mucho menos la primera que ocurre en ni en el mundo ni en México: los sátrapas en decadencia recurren a la represión contra el pueblo, desesperados porque no pueden controlar el descontento de los que consideran súbditos, más que ciudadanos con derechos. El pasado 11 de abril en Pachuca, la capital de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad, siguiendo la línea antipopular de sus antecesores Osorio Chong y Olvera Ruiz, por solo mencionar a los más recientes, quiso contener a más de cuarenta mil hidalguenses que desde las diferentes regiones de esa entidad se encaminaron a reunirse para elevar juntos un grito de inconformidad, de condena a la política que los mantiene marginados y explotados, para exigir a una voz solución a demandas justas y de obvia resolución en materia de vivienda, servicios, educación, salud… Fayad Meneses distrajo a cientos de elementos policiacos para bloquear las carreteras que conducen a la Bella Airosa, para que los indígenas de la huasteca, de la región otomí-tepehua y los campesinos del Valle el Mezquital no pudieran unirse a sus hermanos de las colonias de la ciudad capital; el gobernador ordenó amurallar y cercar con policías, armados hasta los dientes y entrenados para reprimir, la casa de gobierno, que más que su Palacio debe de ser la casa del pueblo, para evitar que se manifestaran los decenas de miles de inconformes o que pretendieran establecer, más allá de un mitin, una protesta permanente. Pero no pudieron impedir que se escuchara su voz, al contrario, la potenciaron a tal grado que en esta trinchera ubicada donde “empieza la Patria”, en Tijuana, nos sumamos a la indignación por la represión contra nuestros hermanos de suerte y de lucha y exigimos atención y respuesta satisfactoria a sus legítimas demandas.
El represor Fayad ocasionó la volcadura de uno de los 500 autobuses que bloquearon, a la altura de Metztitlán, resultando más de 20 lesionados que tuvieron que ser trasladados a hospitales de Pachuca y de Zacualtipán. Le decisión de lucha, la temperatura de la sangre indignada y la convicción de que es necesaria la organización popular para eliminar de las esferas del poder a todo tipo de Fayads, aumentaron no sólo en los 40 mil manifestantes, sino también, en los que no pudieron acudir a esa manifestación, en numerosos pachuqueños que se solidarizaron con las víctimas de la represión.
Este hecho nos sirve no sólo para reflexionar sobre la necesidad de que cuando el pueblo emprenda una lucha por sus derechos tenga presente hasta donde pueden llegar los que al amparo del poder público amasan grandes fortunas, proponiéndose además la articulación de los trabajadores y sus familias en una organización que escape a su control; la represión en Hidalgo evidencia también las dos varas con las que se mide, juzga y se responde desde las esferas de poder a las manifestaciones y reclamos según la agrupación y el tipo de demandas. Precisamente esto queda claro comparando los hechos narrados con el trato que se le dispensó al bloqueo de vías férreas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ocasionó pérdidas, según lo manejado por los medios, organizaciones empresariales y las autoridades del estado, superiores a los quince mil millones de pesos, afectando no solo a fábricas, sino también, a la población por desabasto de gasolina, de maíz para tortillas y harina para pan.
De ninguna manera quiero llamar a la represión de ninguna agrupación ni condenar ninguna modalidad de lucha; pero me parece necesario decir que el trato dispensado a los aliados en la campaña del Presidente de la República, de tolerancia, de diálogo y de solución a sus demandas no se parece en nada al que se le dispensa en Hidalgo a los más humildes que quieren cambiar la realidad vergonzosa de esa entidad en la que más del 80% de la población sufre al menos una carencia social, más de la mitad vive en la pobreza, más del 70% no tiene acceso a la seguridad social.
Desde Tijuana nos solidarizamos con nuestros compañeros de Hidalgo y nos comprometemos a intensificar el trabajo de organización, educación y coordinación de la lucha de las clases marginadas.