Ensenada, B.C., 27 de Mayo de 2019.- Un magistrado local otorgó la suspensión provisional a favor del Municipio de Ensenada en un juicio de lesividad, para que no siga el contrato y la empresa se abstenga de instalar los estacionómetros.
Previamente, un juez federal negó la suspensión provisional y definitiva a otro amparo interpuesto por la empresa Iberparking, con relación a la colocación de estacionómetros en un polígono del centro histórico de la ciudad.
Con ello, el Ayuntamiento de Ensenada dio un paso adelante en su búsqueda de proteger los intereses de la comunidad, y además de lado del sentimiento popular que rechaza la colocación de estos aparatos.
El Gobierno Municipal, tal como anunció el alcalde, Marco Novelo, durante una entrevista la semana pasada, interpuso un juicio de lesividad que permite anular o inhabilitar cualquier pago a la empresa.
La promoción del juicio de lesividad, en coordinación con la Sindicatura Municipal al involucrarse para la defensa de los intereses del Ayuntamiento, permite demandar a la empresa que se excede dentro de sus beneficios, juicio en el que fue otorgada la suspensión provisional, lo cual favorece al Ayuntamiento en su carácter de autoridad.
Cabe recordar que en virtud del acuerdo de Cabildo que acordó la concesión para la instalación de estacionómetros, fue realizada a través de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Ensenada.
Lo más relevante de este juicio, de acuerdo con el director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento, Tomás Burns Mendívil, es que la empresa promovió y le negaron, tanto la suspensión provisional, como la suspensión definitiva en otro juicio de amparo.
Con ello, se evita que se instale en parte alguna y también impide que siga adelante en su operación.
La empresa cuenta con 15 días para dar respuesta al juzgado, toda vez que ya recibió la demanda y el emplazamiento en lo relacionado al juicio de lesividad.
El presidente municipal había pedido al Cabildo de Ensenada dar marcha atrás a la concesión, pero los votos no fueron suficientes para la modificación y el punto de acuerdo fue turnado a comisiones.
El juicio de lesividad, explicó el abogado municipal, evita el riesgo de la indemnización y no establece la obligación de pagos.
Solo en caso que no prosperase, el Gobierno Municipal todavía tiene cinco años para volver a demandar.
La diferencia entre el juicio de lesividad, finalizó, y el de revocación es que el primero nulifica la concesión.