El arquitecto Jaime Martínez Veloz se comprometió con un nutrido grupo de residentes de la Colonia Obrera, un claro asentamiento de inmigrantes de Tijuana, a crear bajo su gobierno una Secretaría de Asuntos Indígenas.
Alrededor del 12 por ciento de la población de baja California es indígena (400,000 de 1.316,000 personas), lo que significa que casi una de cada ocho personas en el estado pertenece a algún pueblo indígena nativo o inmigrante.
En la tercera sección de la Obrera, donde la mayoría de los vecinos son indígenas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, Martínez Veloz se comprometió a enviar una iniciativa para que la Constitución de Baja California incluya los derechos de las comunidades indígenas que radican en el estado.
“Nos hemos comprometido a mandar al congreso una iniciativa para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho público, por un lado; por el otro, que todas aquellas disposiciones en Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, puedan ser también incluidas dentro de nuestra propia constitución”, explicó.
Los representantes presentaron a Martínez Veloz y éste se comprometió a crear una Secretaría estatal de Asuntos Indígenas “que tendría como finalidad atener los problemas que los pueblos tienen en lo jurídico, de políticas sociales, en lo productivo, que establezca mecanismos de cooperación entre los estados de los que son originarios los pueblos y Baja California”.