Ciudad de México.- Debido a que es urgente la creación de un ordenamiento jurídico de acuerdo a los estándares internacionales de protección a personas que internamente son desplazadas de sus comunidades, Javier Castañeda Pomposo, diputado federal del PES se pronunció a favor del dictamen que típifica como delito al desplazamiento forzado en México, mismo que fue aprobado.
En su intervención en tribuna en el pleno de la Cámara de Diputados dijo que se trata de un primer paso muy importante ante esta problemática que tiene más de dos décadas generada en el marco de inseguridad y violencia que vive el país.
Precisó que la iniciativa presentada por el PES consiste en adicionar el artículo 287 Bis, y un capítulo tercero al título décimosexto del Código Penal Federal para tipificar como delito al fenómeno de desplazamiento forzado en México.
Castañeda Pomposo apuntó que el objetivo es la protección a personas que internamente son desplazadas de sus comunidades de acuerdo a lo que establecen organismos internacionales de derechos humanos y las propias organizaciones a fines a la ONU con respecto a este tema.
Añadió que incluye también la elaboración de un diagnóstico comprensivo sobre el desplazamiento forzado de familias en México de acuerdo a lo que establece la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Destacó que en Tijuana se observa este problema cada día con la llegada a la frontera de miles de desplazados proveniente principalmente de Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Michoacan, buscando asilo político y humanitario en Estados Unidos y que se instalan esperando una cita para cruzar al vecino país.
El legislador federal informó que de acuerdo a datos estadísticos proporcionados por la CNDH en 2016 el sector indígena fue el más afectado con los desplazamientos en al menos 7 eventos.
Ese mismo año se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en diversas partes del país, de estos, 20 fueron causados de manera directa por la violencia, de tal forma que 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia temporal o permanente por razones de inseguridad.
Del 2009 al 2017 un total de 310 mil 527 tuvieron que desplazarse en el país por razones de violencia, religiosa, politica o territorial.
“Por ello consideramos muy importante este dictamen como primer paso de un cambio juridico normativo a nuestras leyes para evitar toda forma de desplazamiento forzado en el pais”, expuso.