Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA BC 9 DE JULIO DE 2017.- Debido a irregularidades jurídicas que presenta el contrato de arrendamiento que el XXII Ayuntamiento signó con la empresa Turbofin, el grupo de abogados que se querellaron con el presidente municipal y otros funcionarios ahora acudirán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir la nulidad del documento, además de que solicitarán al Ministerio Público se dicten medidas de apremio ante el caso omiso que ha mostrado la autoridad para responder a la solicitud de información que ha mostrado el gobierno de la ciudad.
Carlos Atilano Peña coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes dijo en entrevista que el contrato, que se hizo público el viernes pasado muestra vicios legales que ameritan sea considerado nulo de origen debido a que entre otras pifias legales no está firmado por el alcalde, quien es el único facultado para disponer del erario.
Abundó que por la cantidad de dinero que se pagará al amparo del documento, no es posible legalmente que se realice el proceso de adjudicación directa y que la declaración de emergencia debió ser votada por el pleno del Cabildo lo que no sucedió de ahí que existan elementos suficientes para hacer valer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el recurso de que se decrete la nulidad del documento y resarcir el daño patrimonial al Ayuntamiento.
En cuanto a la denuncia penal que interpusieron los abogados del COCI ante el Agente del Ministerio Público explicó que el secretario de gobierno Raúl Felipe Luévano ha hecho caso omiso del llamado de la autoridad investigadora para que presente la información sobre el contrato por lo que solicitarán las medidas de Ley para quienes asumen una actitud contumaz.