- La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 13 de la Ley de Protección de Datos Personales, exigiendo un consentimiento expreso e inequívoco en el sector público.
MEXICALI, B.C., A 1 DE JULIO DE 2026.— Con el firme propósito de fortalecer la protección del derecho fundamental a la privacidad y brindar una mayor certeza jurídica en la era digital, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena, presentó una iniciativa de reforma por adición a la Ley de Protección de Datos Personales para el Sector Público del Estado de Baja California. La propuesta legislativa tiene como eje central incorporar formalmente el requisito de que el consentimiento expreso otorgado por los ciudadanos para el tratamiento de su información sea estrictamente inequívoco. Esta medida busca garantizar de forma institucional la existencia de elementos indubitables que acrediten de manera efectiva dicha autorización ante las dependencias gubernamentales.
Al motivar su exposición, la legisladora local señaló que la información personal se ha consolidado como uno de los activos más valiosos y vulnerables en la actualidad, advirtiendo que con mayor frecuencia las personas desconocen el alcance real de las autorizaciones que firman. Murillo López precisó que la brecha existente entre el consentimiento formal y el real se debe a que los instrumentos jurídicos de las instituciones públicas no exigen una manifestación de voluntad indubitable. Por ello, como se observa en la sesión legislativa capturada en el archivo informativo image_379897.png, la reforma busca adecuar el marco normativo local para dotar a los sujetos obligados del sector público estatal y municipal de reglas claras de cumplimiento.
La congresista enfatizó que se trata de una reforma quirúrgica y de alta precisión técnica, consistente en la adición de un solo párrafo al artículo 13 vigente de la normatividad estatal. Murillo López aclaró que la propuesta no altera las fracciones existentes, no modifica las causales de excepción al consentimiento, ni afecta la regulación del consentimiento tácito. De igual manera, puntualizó que las disposiciones relativas a personas menores de edad o en estado de interdicción se mantienen intactas, enfocando el cambio exclusivamente en elevar los estándares de validación para evitar que el consentimiento expreso se tenga por otorgado sin las evidencias que lo demuestren fehacientemente.
Finalmente, la diputada Montse Murillo refirió que esta enmienda toma como base la reforma a la Ley General en la materia aprobada por el Senado de la República a través de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia y de Estudios Legislativos el pasado 10 de diciembre de 2025. Argumentó que Baja California no puede quedar al margen de estos avances federales, especialmente cuando la ley estatal reconoce la aplicación supletoria de la norma general y mandata la concordancia con la política nacional. Con la adopción de este estándar de inequivocidad, la entidad se coloca a la vanguardia en la protección de los derechos digitales de los ciudadanos frente a los esquemas de recopilación de los organismos públicos.
