- La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó tres dictámenes que otorgan mayores recursos al Poder Judicial para la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles, el equipamiento de salas en Rosarito y un alza salarial a médicos legistas.
MEXICALI, B.C., A 29 DE JUNIO DE 2026.— En un paso estratégico para la modernización y homologación de la justicia en la entidad, las diputaciones integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado analizaron y aprobaron de forma unánime tres proyectos de dictamen orientados a modificar el Presupuesto de Egresos 2026 del Poder Judicial de Baja California. Los recursos aprobados se destinarán de manera prioritaria a garantizar la infraestructura logística para la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a nivel estatal, fijada para el próximo 17 de agosto, así como a fortalecer las operaciones periciales en el quinto municipio y dignificar las percepciones del personal especializado en medicina legal.
La sesión de trabajo, presidida por la diputada Julia Andrea González Quiroz, dio luz verde con siete votos a favor al Dictamen Número 137, el cual amplía las partidas presupuestales para el arrendamiento de edificios y locales que albergarán los juzgados bajo el nuevo modelo de oralidad civil y familiar. Asimismo, bajo el mismo consenso de votación, se avaló el Dictamen Número 138 para la transferencia de recursos enfocada en la adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina para el inicio de operaciones de las Salas de Segunda y Cuarta Instancia construidas en la ciudad de Playas de Rosarito, consolidando la descentralización de los servicios de impartición de justicia en la zona metropolitana.
Finalmente, el cuerpo parlamentario aprobó el Dictamen Número 139, enfocado en autorizar un incremento salarial a 36 médicos legistas adscritos al Poder Judicial del Estado, como un esquema de homologación y reconocimiento a la alta responsabilidad técnico-científica y trascendencia social de sus funciones. El subsidio presupuestal fortalecerá los esquemas de retención para los perfiles que ejecutan necropsias médico-legales, valoraciones de incapacidad jurídica, emisión de dictámenes periciales y la debida integración de los Protocolos de Estambul para la investigación técnico-jurídica de presuntos actos de tortura y violaciones a los derechos humanos en la entidad.
