655 días le quedarán al gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid cuando aparezca esta edición de Zeta, menos de dos años para remontar una caída en la percepción y en la calificación públicas. Del 6.1 con que fue evaluado en el primer año de su mandato, según el seguimiento de PluralMx, la calificación obtenida por el jefe del ejecutivo estatal cayó hasta 4.8 en noviembre de 2017, esto encuestando a población en general de los 5 municipios de la entidad; de la misma manera, en el ejercicio #MarcajeAMiGobierno que la Confederación Patronal Mexicana, COPARMEX, realiza entre sus miembros, los empresario consideran al de Baja California como uno de los peores gobiernos, sólo después de los de Chiapas y de Tabasco; para Comunicación Estratégica está, el de Kiko Vega, entre los cuatro más malos, agregando a los ya dichos al del perredista Graco Ramírez en Morelos; por último, en el estudio de Arias Consultores aparece como el segundo entre los peores, sólo después del perredista Arturo Nuñez de Tabasco. Tomas de oficinas estatales por grupos inconformes, descalificaciones por falta de transparencia y acusaciones de malos manejos, lo mismo que colaboradores que han estado más preocupados por construir sus propios “proyectos” que por abonar al buen desempeño de la administración estatal, han contribuido a que sólo 15 de cada 100 encuestados manifestaran estar dispuestos a volver a votar por Kiko Vega si volviera ser candidato a gobernador y a que el 79% se sienta defraudado por el gobernador, pues su lema de campaña fue Conmigo la gente manda y sienten que ninguno de sus funcionario se rige por ese precepto en la administración estatal. Tal es el resultado de estos y otros estudios similares.
Pasando de lo general a lo particular, vale la pena señalar la experiencia de los padres de familia de la primaria Margarita Morán, ubicada en la colonia del mismo nombre en una de las zonas más pobres de Tijuana, a los que desde los inicios de la actual administración se les ha prometido que, “ahora sí el próximo año”, se construirán las aulas para que sus hijos se eduquen en condiciones dignas y no en el hacinamiento que sufren los 180 niños en barracas habilitadas como salones. Igualmente ocurre con compromisos, firmados y reiterados por funcionarios de primer nivel, como el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda, para la introducción de servicios básicos en comunidades populares de San Quintín, Mexicali, Ensenada y Tijuana, quien el 27 de julio del año próximo pasado dio su palabra de que se resolverían las demandas sociales planteadas por el Movimiento Antorchista Bajacaliforniano y que de esta manera se suspendiera la caminata que ese día partió del Centro de Gobierno con rumbo a la capita del estado.
Al haber transcurrido ocho meses sin que el gobierno honrara su palabra, sin que el encargado por el gobernador Vega de atender la gobernabilidad del estado se dignara siquiera a recibirlos nuevamente, el antorchismo ya anunció que iniciará una serie de movilizaciones. La primera de ellas el próximo 1 de abril, en lo que han denominado La Campaña Por El Progreso Del Pueblo.
La insatisfacción ciudadana no es sólo por la inseguridad creciente o la impunidad que prevalece, recientemente apareció Tijuana como una de las cinco ciudades más violentas del mundo y Baja California entre las tres entidades mexicanas en las que menos se castigan los delitos, sino también por la insensibilidad y la soberbia de funcionarios que ignoran a la población o francamente se burlan de ella en situaciones de emergencia como la de Lomas del Rubí o en el incumplimiento en compromisos de atención como los que denuncia el antorchismo. No faltará quien busque justificar la falta de atención a protestas, como la anunciada para el primero de abril próximo, descalificándolas como “estrategias electoreras” o con “trasfondo político” para restar votos al partido en el gobierno. La solución es muy sencilla: revísese desprejuiciadamente la justificación social de las demandas planteadas, ofrézcanse acciones de gobierno serias para su atención y cúmplanse los acuerdos establecidos. Sólo así quedarán en evidencia las protestas no legítimas. El gobernador tiene la palabra.