Expediente Político
Por: Alfredo Calva
Es entendible y hasta aceptable que los legisladores de la fracción del PAN en la XXII Legislatura del estado, impulsen, fomenten y promuevan la aprobación del decreto 95, documento en el que se garantiza el pago de la deuda que se contraerá en la entidad, si se llegan a realizar las obras que se designaron por parte del ejecutivo, Francisco Vega de Lamadrid, a ejecutarse a través de la modalidad denominada Asociación Pública Privada (APPs), pero lo que no es aceptable ni admisible es el silencio que por meses han tenido y mantenido el resto de los diputados.
Los diputados de Acción Nacional aprobaran el decreto 95 bajo dos simples contextos, por convicción o por inducción, los reclamos y exigencia de los ciudadanos de que no se apruebe el documento están fuera de los parámetros marcados para los albiazules por parte del titular del ejecutivo.
Por lo que respecta a los diputados de oposición han puesto oídos sordos a los reclamos de los ciudadanos, con la excepción en el asunto xe la abrogación de la Ley del Agua, su desempeño en la legislatura ha sido de meretrices de la política, en especial los priístas, quienes tienen el mayor número de legisladores (cinco), cuyo coordinador parlamentario, Alejandro Arregui, es quien tasa el costo de los votos de sus pupilos, dependiendo del asunto y la importancia del mismo.
Lo que es extraño e incomprensible lo sucedido con Bernardo Padilla Muñoz, diputado del PRI, que hace un par de días ante los medios de comunicación externo su negativa a la aprobación del decreto 95, lo que le generó un conflicto con su coordinador de bancada, pero con esta rara excepción, el resto de sus compañeros no han hecho pronunciamiento alguno, solo balbucean incoherencias cuando los medios de comunicación los cuestionan al respecto.
En similar actitud se encuentran los legisladores del PRD, PES, Morena, PT y PEBC, quienes han guardado un silencio sacramental sobre el particular, de hecho, Luís Moreno, diputado y dirigente estatal del PES, al inicio de la presente legislatura, cuando aparecieron los decretos derivados del 57 que es el documento inicial donde se establecen las obras a ejecutarse a través de las APPs, expreso su enérgico rechazo, sin embargo, conforme ha transcurrido el tiempo y el ejecutivo ha ido avanzando en su objetivo, la voz de Luis Moreno ha ido enmudeciendo.
Y que decir de un lixiviado de la política bajacaliforniana, Catalino Zavala Márquez, uno de los dos legisladores que representa los oscuros intereses de Morena, y su compañero de fracción, han hecho mutis ante los reporteros con relación a las APPs, lo mismo ha sucedido con Claudia Aguatón del PT, en fin, los diputados de oposición no son tal, solo resultaron comparsas. y
Es por ello que surge el cuestionamiento, ¿Cuánto costó el silencio de los diputados sobre el asunto de las APPs?, y ya entrados en el tema también podríamos preguntarnos ¿Cuánto ira costar el voto de aquellos legisladores de oposición que lo venderán a favor de las APPs?.
Ojalá lo descubramos.
Por lo pronto la situación con respecto al decreto 95 está empantanado en el congreso del estado, la sesión extraordinaria que iniciaron el pasado viernes y en el que intentaron de manera soterrada los diputados del PAN meter para su aprobación quedo suspendida por cuestiones de seguridad, y hasta el momento se desconoce cuando continuará y cual será el final de las obras que se contemplan en el famoso decreto 95.
Y mientras tanto….
En la delegación estatal de Servicios Educativos en Rosarito, las becas estudiantiles los funcionarios responsables de esa área, se las adjudican solo a hijos de militantes panistas, sin importar el comportamiento académico.