* Tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de la población y garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y adicciones
* Además busca regular el acceso y prestación de servicios de salud mental dentro del ambiente comunitario
Mexicali.- El pleno del Congreso local aprobó de manera unánime la Ley de Salud Mental del Estado de Baja California, la cual tiene como propósito regular el acceso a la prestación de servicios en esta materia y su vinculación con los servicios de protección y apoyo social complementarios.
La iniciativa fue presentada por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, presidente de la Comisión de Salud de la Vigésima Segunda Legislatura del Estado, y aprobada este día durante la sesión ordinaria, la cual fue encabezada por el diputado Mtro. Raúl Castañeda Pomposo, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva.
Luego de que fuera aprobada la propuesta en la Comisión de Salud, los congresistas locales la respaldaron con su voto, por lo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, aunque el reglamento interior a que hace referencia la presente ley, deberá emitirse en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir del inicio de la vigencia de la citada norma.
Dicha norma se integra con 28 artículos divididos en seis capítulos. Entre sus objetivos figura establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reintegración, fomento de la salud mental y demás acciones a realizar por parte de instituciones de salud pública del Estado y personas físicas o morales de los sectores social y privado, que coadyuven en la prestación de salud mental.
Asimismo, definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población, en el desarrollo y la ejecución de los programas emitidos por la Secretaría de Salud del Estado en materia de salud mental.
También se establece que el Gobierno del Estado, las Secretarías e instituciones públicas y sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento del derecho a la salud mental, mediante una política transversal, con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de género, al igual que las instituciones privadas que atiendan este tema.
Dicha reforma fue aprobada con una reserva en lo particular, presentada por el diputado Osuna Millán, a fin de que el ejecutivo destine el cinco por ciento de su presupuesto anual, al cumplimiento de esta nueva norma jurídica.